Cerrar en falso las heridas es el mejor método para que no se curen y se emponzoñen. Es lo que se hizo en España cuando se estableció la llamada Transición y se promulgó la ley de Amnistía, tan exigida por ambos bandos.

Hoy tenemos una ley, denominada de la Memoria Histórica, criticada tanto por los herederos ideológicos de los vencedores, como -por insuficiente- por los de los vencidos.

Julián Marías describió -acertadamente, a mi juicio-nuestra guerra incivil como injustamente ganada por unos y justamente perdida por otros.

Se quiere ahora formar, a imitación de otros países, una Comisión de la Verdad que saque a la luz hechos criminales que se han tratado de ocultar. El odio cainita que se apoderó de la sociedad hispana degeneró en muertes violentas, torturas y persecuciones que todavía palpitan en recuerdos heridos de familias y amistades.

Para que esa Comisión cumpla su misión, siendo justa, debe, en primer lugar, estar compuesta por personas competentes e imparciales. Seguramente debe estar presidida por algún jurista no español, experto en investigaciones similares. Historiadores, juristas y sociólogos podrían componerla. Mas si dejamos en manos de los partidos, la designación de esas personas, ¿qué garantías habrá de su imparcialidad?.

En segundo lugar, ¿qué período de tiempo debe abarcar?. Algunos hablan desde el inicio de la guerra, julio de 1936, hasta la muerte del dictador. Me parece insuficiente. Opino que, desde el 14 de abril de 1931, pues también en la segunda República se produjeron violencias y asesinatos políticos -empleados para intentar justificar el alzamiento militar- hasta la promulgación de la vigente Constitución. Formalmente, la dictadura acabó en esa fecha.

Durante las segunda República se produjeron los sucesos de Casas Blancas y Arnedo, las quemas de conventos y el asesinato del parlamentario Calvo Sotelo, entre otros crímenes. ¿No es hora de traerlos a la memoria colectiva y esclarecerlos también?.

En la guerra, por parte de ambos bandos se cometieron hechos abominables. Curas y religiosos asesinados, torturados y presos por odio a la iglesia católica. “Checas” madrileñas, crímenes de Paracuellos, asesinatos de troskistas y anarquistas por estalinistas.

Yagüe, Queipo de Llano, Mola, Franco no dudaron en ordenar directamente el exterminio de quienes juzgaron antiespañoles. Y las cunetas de carreteras y caminos de la “zona nacional” se llenaron de restos de asesinados por bandas falangistas.

Los 40 años de dictadura no se quedaron atrás. Los caídos nacionales fueron honrados, mientras que el terror sobre “comunistas, judíos y masones” se ejerció impunemente. No sólo se les quitó vida y bienes, también se deshonró su memoria.

¿No es innegable que la calificación ética y jurídica de los hechos criminales ha de ser distinta si fueron cometidos por partisanos incontrolados que si se hacen, organizados desde el poder, a veces hasta con un aparato pseudojurídico a su servicio?. ¿Cuántos tribunales de guerra funcionaron con sentencias dictadas de antemano por el mando militar?.

No puedo dejar de exponer una duda final: ¿De verdad tendremos una Comisión de Verdad y Justicia auténtica?. Mi temor es que no la veamos ni nosotros, ni nuestros hijos.