Cuarto Poder

07/06/2019

María F. Sánchez

Son los casos de Germán Rodríguez, asesinado en los sanfermines del 78, y Arturo Ruiz, asesinado la víspera de la matanza de Atocha

La jueza ha transmitido a la comitiva su preocupación porque España ponga trabas a la investigación

La querella argentina, que investiga los crímenes cometidos por la dictadura franquista, ha incorporado las denuncias de dos asesinatos que tuvieron lugar durante la Transición. Una delegación conformada por catorce personas del Estado español, entre ellas europarlamentarios y concejales de ayuntamientos querellantes, han acompañado a los familiares de víctimas fallecidas en los años 77 y 78 a prestar declaración a petición de la jueza argentina que instruye el caso, María Servini.

Una de los familiares que mantuvo el encuentro con la jueza este jueves para narrar su testimonio es Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, el joven asesinado en Madrid por el grupo parapolicial ultraderechista Cristo Rey en la víspera de la matanza de Atocha, en 1977. La otra persona es Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez, quien recibió un tiro mortal en la frente durante la irrupción de la Policía Armada en la plaza de toros de Pamplona en los trágicos Sanfermines del 78. Sendos crímenes nunca han sido juzgados.

Las muertes de Germán y Arturo están conectadas, a pesar de la distancia. Ambas son resultado de la represión que se produjo en los convulsos primeros años de la Transición en las protestas que exigían la libertad de los presos. Durante esos años era ministro de Interior el alto cargo franquista Rodolfo Martín Villa. En 2014, la jueza Servini dictó contra él una orden de detención preventiva y extradición por “la posible comisión de hechos atroces” como parte de “un ataque sistémico” para eliminar a oponentes políticos.

La Audiencia Nacional negó la extradición de Martín Villa, de 84 años, pero éste ha asegurado que acudirá a declarar al nuevo llamamiento de Servini, el próximo 9 de septiembre en Buenos Aires. En su encuentro con la instructora del caso, la comitiva de familiares y eurodiputados han constatado que la jueza también ve probable que el exministro acuda a prestar declaración, según han hecho saber a Cuartopoder.es.

Además de los familiares de Arturo y Germán, también han acudido a este viaje los eurodiputados Miguel Urbán (Podemos) y Ana Miranda (Bloque Nacionalista Gallego), así como concejales de los ayuntamientos querellantes de Mondragón y Rentería, y representantes de colectivos como San Fermínes 78 Gogoan y las Peñas de San Fermín.

“Es fundamental seguir manteniendo la única causa abierta contra los crímenes del franquismo, pero es una vergüenza que los hermanos de Germán y Arturo tengan que recorrer 10.000 kilómetros para poder sentarse delante de un juez y dar una declaración. Es una vergüenza que un Gobierno que habla de memoria democrática no elimine las trabas que todavía existen”, ha indicado a este diario Urbán.

La jueza también ha transmitido a la comitiva su preocupación porque España ponga trabas a la investigación de los crímenes del franquismo y la Transición, no solo mediante la ruptura de la cortesía institucional de los Estados, sino también “en contra de los acuerdos de cooperación judicial que tienen firmados España y Argentina”.

Servini se refiere a la orden de la Fiscalía General del Estado, dictada durante el Gobierno del PP en 2016, que prohíbe a los fiscales de toda España colaborar con la investigación argentina de los crímenes del franquismo. En este sentido, la jueza también ha hecho saber a la comitiva que no ha percibido cambios con el nuevo Gobierno del PSOE ni con la nueva fiscal general del Estado.

Familiares, víctimas y representantes políticos españoles también han tenido ocasión de reunirse con organizaciones argentinas como las Madres de Plaza de Mayo –línea fundadora–, Abuelas de Plaza de Mayo, o aquellos colectivos que gestionan lugares de memoria como el que existe en el detención clandestino de la ESMA de la capital del país o del Parque de la Memoria. También se han reunido con miembros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Chato Galante, quien fue víctima de Billy el Niño y hoy es uno de los más activos impulsores de la querella argentina, valora las reuniones con estos colectivos argentinos que han conseguido que, hoy en día, se estén juzgando los crímenes de Estado cometidos en la dictadura argentina. “Aprendemos mucho de estas reuniones”, apunta. “Hoy, en 2019, no hay ninguna justificación jurídica ni ética para que no se acabe con la impunidad de estos crímenes que avergüenzan a la humanidad”, concluye refiriéndose al caso de España.