En esta sociedad neoliberal en la que nos encontramos, hay una queja típica del pensamiento único imperante, contra los funcionarios públicos. Tiene dos vertientes.

La primera contra su número que creen excesivo. Sostienen que debe reducirse, pues sus funciones las ejercerían mejor -y más barato- empresas privadas.

La segunda hace referencia contra su supuesta vagancia. Como han sacado unas oposiciones, su puesto es permanente y su remuneración, independiente de su dedicación y esfuerzo. Desde el siglo XIX, la figura de ese funcionario holgazán, parapetado tras una ventanilla y reflejado por Larra y su ¡vuelva Vd. mañana!, es ya un clásico en nuestra literatura.

¿Es cierto que hay demasiados funcionarios? ¿No es más cierto que lo que hay son demasiados políticos en todos los escalones administrativos y asesores de su partido, colocados a dedo? ¿Seguro que sobran profesores, personal sanitario, jueces, científicos, inspectores fiscales y laborales, agentes policiales, bomberos, etc., etc.? ¿Las medidas de austeridad, establecidas tras las crisis, no han mermado sustancialmente sus efectivos? ¿Y qué decir de ese número creciente de empleados públicos interinos, colocados sin pasar por una oposición y con remuneraciones mermadas y sujetos a una inestabilidad constante en su trabajo? ¿No aumentan también las críticas y las reclamaciones por la composición de los tribunales de oposición y por la forma, en bastantes casos, no transparente en que resuelven?

Los que conocemos el funcionamiento de la administración pública por haber trabajado en ella o como ciudadanos, sabemos que en ella hay funcionarios ejemplares y otros vagos que se limitan a esperar que pasen las horas de estancia en la oficina y a cobrar su nómina mensual. Aquellos tienen una sobrecarga de trabajo, pues aparte del suyo, sus jefes les cargan más, pues saben que es la única manera de que funcione la oficina.

El panorama solía ser idéntico en las grandes empresas privadas, controladoras del mercado, en régimen de monopolio u oligopolio. Empleados que remolonean, amparados en que los eficientes hacen que se pueda prestar el servicio, sin que los clientes protesten demasiado.

Hoy se está introduciendo un sistema de retribuciones en función de los objetivos a alcanzar. Se fijan previamente y se van revisando al alza, para que los trabajadores se esfuercen cada vez más, hasta alcanzar cotas de esclavitud forzosa. Hay que reconocer que también hay variantes más humanizadoras. Suelen complementarse con la valoración que los subordinados deben hacer de sus propios jefes.

Se está intentando introducir en las administraciones públicas sistemas de retribución por objetivos. Esa copia del modo de actuar de empresas privadas tiene sus riesgos. Como que se ajuste a la mercantilización dominante y que los destinatarios de su labor se vean rebajados de la condición de ciudadanos a la de clientes. Por otro lado, ¿será el funcionario individual el que sea revisado o el grupo donde trabaja?, ¿también los jefes serán analizados por sus subordinados?, ¿podrán los ciudadanos evaluar el modo, la eficiencia y la rapidez con son resueltos sus problemas?, ¿se examinará cómo la administración ahoga al ciudadano con trabas burocráticas superfluas, como reclamación de documentos que ya obran en poder de otras ramas de cualquier administración o que no son imprescindibles para la tramitación de licencias?, ¿facilitarán la existencia de una oficina única, lo más próxima posible al domicilio del administrado, para plantear cualquier cuestión?